La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha propuesto al gobierno español una subida del 11,3% en las tarifas eléctricas. La medida propuesta por la CNE no es vinculante para el Gobierno, que es quien tiene la última palabra, pero desde los ministerios de Economía y de Industria, liderados por Pedro Solbes y Miguel Sebastián respectivamente, se valora positivamente la iniciativa a pesar de que el país se halla inmerso en un período de desaceleración económica.
Las asociaciones de consumidores y partidos de la oposición como el PP, CiU e INV han mostrado su disconformidad con el aumento del precio de la electricidad. Los argumentos que esgrimen son el alza de las tensiones inflacionistas que supondría la aplicación de la propuesta, y la subida del 3,3% de la tarifa eléctrica que entró en vigor el pasado 1 de enero, a la cual debería añadirse el discutido 11,3%.
El quid de la cuestión radica en la manera fijada para establecer las tarifas que reciben las compañías eléctricas. De acuerdo a la Ley del Sector Eléctrico de 1997 el precio de la energía debe determinarse en un mercado mayorista en competencia. El problema surgió cuando a principios del año 2000 el Gobierno del Partido Popular decidió que el precio fijado por el mercado no era de fiar, y que la mejor manera de resolver el entuerto era fijar de antemano el valor máximo que podía alcanzar la tarifa, sin tener en cuenta que el verdadero precio fuese superior al fijado.
En los años 2000, 2001, 2002, 2005 y 2006 el precio del mercado fue superior al valor fijado por el Gobierno, hecho que provocó un importante déficit, ya que lo recaudado por la tarifa eléctrica no alcanzó para pagar el precio de mercado establecido por la ley del sector. El déficit acumulado, incluido el de 2007, alcanza los 15.000 millones de euros. ¿Quién paga este déficit? Los consumidores, por supuesto, tal y como está estipulado en los decretos tarifarios de los años mencionados. La medida propuesta desde la CNE intenta acercar los costes reales a los tarifados, con el objetivo de que en el menor tiempo posible coincidan, circunstancia que evitaría la acumulación de más déficit.
Por tanto la subida de precios cara al 2008 es indiferente. Antes o después los consumidores deberán afrontar la deuda acumulada por los ineficientes cálculos de sus gobernantes, quienes para no tomar medidas impopulares actuaron como aquel niño, quien a la hora de limpiar su habitación utilizó los bajos de su cama de improvisada basura, provocando una sensación de falsa higiene y bienestar.
