El fallecimiento del juez del Constitucional, García-Calvo, ha alterado la relación de fuerzas en el alto tribunal. Y lo hace en un momento muy delicado, cuando la institución está debatiendo la viabilidad del Estatuo de Catalunya. Hasta ahora, el máximo órgano judicial estaba compuesto por seis magistrados progresistas y seis conservadores. Dos bloques claramente diferenciados, condenados a no entenderse. Para evitar un bloqueo permanente, provocado por los empates que se dan casi por supuesto, la presidenta -propuesta por el partido socialista- era la que tenía la potestad de decantar la balanza.
Poder nombrar al dirigente del tribunal, por tanto, supone un gran control sobre el máximo garante de la Constitución. Una buena baza política. Un as en la manga. De ahí que el partido popular quisiera recusar al juez progresista, Pablo Pérez Tremps, y dejarlo inhabilitado para los debates que el órgano judicial adoptara sobre el Estatuto catalán. En este asunto, la correlación de fuerzas era de seis a cinco a favor de los conservadores. El empate era imposible, por lo que la presidenta no podía hacer valer su doble voto. Los populares habían ganado una gran batalla.
Desde entonces, no han parado de exigir al Constitucional que resolviera con urgencia los recursos contra el Estatut. Pretendían que el caso se resolviera lo más pronto posible, antes de que llegara el momento de renovar a parte de los miembros del tribunal. Tenían las de ganar. Sin embargo, desde ayer, la situación ha dado una nueva vuelta de tuerca. Tras el fallecimiento de García-Calvo, los bloques vuelven a estar divididos por cinco miembros en cada bando. El comodín vuelve a estar en manos de los socialistas. Y no sólo en este caso. Hasta que no se sustituya al conservador, los progresistas ganan por seis magistrados a cinco.
En definitiva, el partido socialista y el partido popular están haciendo un constante encaje de bolillos que rebaja ampliamente la credibilidad del Constitucional. De nada sirve, además, la mayoría de tres quintos necesaria para nombrar a sus miembros, porque la logran entre los dos partidos. Y más, tras las últimas elecciones generales, en las que se ha acentuado el bipartidismo. La politización de la justicia, además, no termina aquí, sino que se extiende al resto de órganos jurídicos. Fue Montesquieu quien en 1748 propuso la separación de poderes en El Espíritu de las Leyes. Que no levante la cabeza.
